El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) apoya la resolución de las oficinas centrales de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al haber multado al proyecto Dragon Mart -que aún pretende desarrollarse en Cancún, Quintana Roo-, por incumplir la normatividad jurídico-ambiental vigente y carecer de la autorización que en materia de impacto ambiental requiere un proyecto de esta naturaleza.
Esta atinada y contundente resolución de la Profepa confirma lo que el CEMDA había señalado con insistencia en los últimos dos años en el sentido de que el proyecto Dragon Mart debía someter ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente[1], toda vez que contemplaba, entre otras cosas, afectaciones en zona de humedales, así como en ecosistemas costeros.
Gustavo Alanís Ortega, director general y fundador del CEMDA, señaló que «la multa y las condiciones impuestas por la Profepa al desarrollo Dragon Mart reafirman la voluntad y convicción de las organizaciones de la sociedad civil de seguir trabajando dentro del marco institucional para hacer cumplir y fortalecer el Estado de Derecho y la legalidad en materia ambiental. Se trata de que haya crecimiento, desarrollo, inversión y creación de empleos dentro del marco de la ley».
Alanís Ortega apuntó que «este tipo de acciones por parte de la autoridad resultan fundamentales para que los inversionistas tomen con seriedad el respeto al capital natural de México y se obliguen a que sus proyectos cumplan en todo momento con la legislación ambiental vigente. Es la única forma de promover el desarrollo en un marco de certidumbre y con visión de sustentabilidad».
Finalmente, dado que el resolutivo de la Profepa reconoce que el proyecto requiere de una autorización de impacto ambiental a nivel federal, así como del cambio de uso de suelo forestal, el CEMDA hace un llamado a la Semarnat para que, en el caso en el que el promotor del proyecto que nos ocupa lo someta a la evaluación del impacto ambiental federal, dicha autoridad actúe en el marco de sus facultades y obligaciones, evaluando cada uno de los aspectos del proyecto y los posibles impactos que éste podría ocasionar a los ecosistemas de la región.