El procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera, dio a conocer que como resultado del trabajo de coordinación y especializado, con estricto apego a la ley, se consignó al Centro de Reinserción Social de Acapulco a los probables responsables del triple homicidio de integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), acontecido el pasado mes de agosto en Coyuca de Benítez.
En tanto, el vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanares, dijo que no hay persecución ni alguna acción en contra de luchadores sociales; por el contrario, aseguró, han encontrado en el gobierno apoyo a sus gestiones, respuestas a sus demandas, y respaldo.
En conferencia de prensa, el procurador del estado detalló que se logró la captura de Salvador del Carmen Vázquez, David Galeana Pastrana, Daniel Ruano 
Pastrana y Uriel Ruano García como presuntos culpables del asesinato de Raymundo Velázquez Flores, Samuel Vargas Ramírez y Miguel Ángel Solano Barrera, integrantes de la citada organización.
Agregó que esto fue el resultado del trabajo técnico de investigación, mediante el cual se elaboró una red de vínculos de equipos de telefonía celular de las víctimas, en donde además se contó con la declaración de testigos y la colaboración de algunos vecinos de la colonia Fuerte Emiliano Zapata.
“Del análisis de la información obtenida, se logró establecer la existencia de una transferencia de saldo de uno de dichos dispositivos a un equipo celular de un familiar de los hoy probables responsables de los hechos. Cabe mencionar que de acuerdo al cronotanato diagnóstico, las víctimas fallecieron entre la una y las dos horas del día 4 de agosto, y que la transferencia de saldo en cuestión se realizó a las 13:33 horas del mismo día, es decir aproximadamente 12 horas después de que perdieran la vida”, explicó Blanco Cabrera.
El procurador del estado comentó que de acuerdo a los hechos, el 5 de agosto fueron localizados los cuerpos de Raymundo Velázquez Flores y Samuel Vargas Ramírez, en las inmediaciones del Río Grande, en el punto conocido como Huajal, del municipio de Coyuca de Benítez.
Al día siguiente se encontró el cuerpo de Miguel Ángel Solano Barrera; en los tres casos las víctimas presentaban disparos de arma de fuego en la cabeza.
Al respecto, señaló que según las declaraciones, los inculpados dijeron haber utilizado dos armas de fuego, una 9 milímetros y la otra 38 súper; especificó que los indiciados mencionaron que el móvil del crimen fue que en varias ocasiones Raymundo Velázquez Flores solicitó a los colonos del Fuerte Emiliano Zapata diversas cantidades de dinero, con la finalidad de obtener apoyo para la compra de lámina; sin embargo, nunca se recibió esa ayuda.
Blanco Cabrera enfatizó que en todo momento se respetaron los derechos humanos de los inculpados, además de que inmediatamente después de su detención, se llevó a cabo una certificación por parte de un perito médico de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General del estado, para comprobar que no presentaban ningún tipo de lesión.
Además de que se contó con la presencia de personal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para la certificación correspondiente.
Señaló que una vez que fueron recabadas las declaraciones ministeriales de los implicados y a solicitud del agente del Ministerio Público, la autoridad otorgó la medida cautelar de arraigo para poder fortalecer la investigación, y posteriormente ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes, con lo que en las próximas horas se resolverá su situación jurídica.
“El gobierno del estado reitera su compromiso por mantener la paz y el respeto al estado de derecho que rige nuestra entidad, asegurando la tranquilidad de la sociedad guerrerense”, concluyó el funcionario.