Parece de broma el monto que mereció la sanción de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Odebrecht para inhabilitarlo dos años: dos millones y medio de pesos que están observados por dicha dependencia.
Al hablar de contratos multimillonarios que otras empresas han recibido tanto en Pemex como en otras instancias gubernamentales, las interrogantes surgen de forma natural:
¿Cómo andan las investigaciones de otras constructoras? ¿Cómo se va a sancionar a los funcionarios que aceptaron los pagos ilegales? ¿ A quién le beneficia que a Odebrecht le carguen todo el peso de la ley, mientras los demás constructores guardan un incómodo silencio? ¿Y la casa de Malinalco? ¿Y la casa Blanca?