Jesús Martínez Garnelo
El secretario general de Gobierno de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, hizo un enérgico llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que revise el informe especial sobre los grupos de autodefensa y seguridad pública del estado de Guerrero, porque se realizó a partir de elementos pocos claros y con una construcción metodológica evidentemente cuestionable que se aparta de la verdad y lo legal, sin investigación de fondo, con conclusiones sesgadas, omisiones y errores.
En conferencia, Martínez Garnelo planteó la posición del gobierno del estado, y también exhortó a ese organismo a que atienda la petición que se le realizó desde el 18 de enero de 2013, para coadyuvar en la búsqueda de soluciones integrales, bajo una óptica de respeto a los derechos humanos, y el principio de buena fe y de respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios.
Puntualizó que una de las prioridades del gobierno presidido por Ángel Aguirre Rivero es la seguridad en toda la entidad, y destacó que en el informe equívocamente se señala la presencia de más grupos de autodefensa de los 
que realmente hay, e inclusive se señala su presencia en regiones donde nunca han existido.
Asimismo, dijo que no es real el número de personas desplazadas a causa de la violencia, ya que el informe tiene cifras inexistentes.
En las instalaciones de la Promotora Turística Acapulco, el secretario de Gobierno recalcó que contrario a lo citado por la CNDH, la realidad es que los tres órdenes de gobierno no han claudicado, ni se han desentendido sus obligaciones para hacer frente a la delincuencia organizada y a los índices delictivos en Guerrero.
Como parte de la postura pública gubernamental, el funcionario estatal calificó como indispensable el aportar algunos elementos, que, aseguró, no fueron tomados en cuenta por la CNDH en el informe emitido el pasado mes de diciembre, donde erróneamente se señala que operan grupos de autodefensa en 46 de los 81 municipios de Guerrero.
Entre las equivocadas apreciaciones el secretario de Gobierno, detalló:
1.- El informe no considera los esfuerzos de comunicación y coordinación de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad que se han impulsado en el marco del Operativo Guerrero Seguro, coordinado originalmente por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y actualmente por el Ejército Mexicano, dependencias que realizan operativos permanentes en todas las regiones del estado, cumpliendo con las tareas de seguridad, vigilancia y auxilio.
2.- En un tono alarmista, la CNDH informa a la opinión pública que en más de la mitad de los municipios del estado de Guerrero hay grupos de autodefensa. Al revisar dicho contenido se evidencia sólo la presencia de dos expresiones de autodefensa la CRAC (única reconocida legal e institucionalmente) y la UPOEG; la presencia de esos grupos es en 35 municipios y no 46 como lo indica el mismo informe.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos refiere que en los supuestos 46 municipios en los que hay presencia de grupos de autodefensa, se señala a las regiones de Chilpancingo, Atoyac, Azoyú y Coyuca de Benítez, y se desconoce cuáles son las fuentes la Comisión para afirmar tal situación, ya que en estos municipios no ha habido ninguna expresión documentada como unidad que pudiera clasificarse como grupo de autodefensa o policía comunitaria.
3.- La CNDH, sin investigar a fondo, se atreve a afirmar que la atención realizada por los gobiernos a estos grupos es inadecuada, y manifiesta su preocupación de que el apoyo institucional podría derivar en la formación de grupos paramilitares, cuando lo real es que este gobierno siempre ha trabajado dentro de un sistema de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en comunión con la participación de toda la ciudadanía.
Es inconcebible que no vean que el apoyo institucional a estos grupos representa uno de los apoyos más 
elementales al propio sistema de seguridad y justicia comunitaria en la entidad que data desde hace 18 años y se encuentra sustentado en los pueblos y comunidades indígenas, y de acuerdo a las leyes del estado.
4.-La Comisión Nacional con una posición contradictoria denuncia la supuesta criminalización de los grupos de autodefensa, y en específico se refiere a la detención de varios personajes; sin embargo, nuevamente dicha dependencia incurre en graves errores, ya que no considera las normas que rigen al interior de los pueblos indígenas, denotando nuevamente una falta de documentación sobre la situación que prevalece en Guerrero.
Pese a que la CNDH en su informe dedica un amplio apartado a la afectación de los derechos de los miembros de los grupos de autodefensa y de terceros, en el cual, se realiza una amplia narración de los delitos excesivos cometidos por integrantes de la UPOEG y la CRAC, resulta extraño para el gobierno de Guerrero, que dentro de las comunicaciones enviadas solicitando información, nunca se requirieron elementos específicos sobre las líneas de investigación, las averiguaciones previas y los procesos ya, obviamente instaurados en contra de estas personas. Por ello, en su informe la Comisión Nacional nuevamente realiza conjeturas a partir de una información parcial.
5.- La Comisión Nacional en su informe señala que tiene conocimiento de víctimas por desplazamiento forzado en 46 municipios, y nuevamente, la Comisión Nacional falta a la verdad, ya que en 43 municipios no se tiene registrado desplazamiento forzado.
La Comisión Nacional refiere que hay 2 mil 193 víctimas de desplazamiento forzado faltando ello a la verdad nuevamente, ya que de acuerdo al censo realizado y que se actualiza constantemente por parte del Ejecutivo y por parte de la Secretaría de Gobierno, el número total de personas desplazados son 537 pertenecientes a las comunidades de Las Mesas II, Las Chascuitas del municipio de San Miguel Totolapan, de La Laguna, Santo Domingo y Pie de la Cuesta y municipio de Atoyac de Álvarez.
6.- La Comisión Nacional refiere que el estado de Guerrero incumplió con otorgar las medidas cautelares a grupos empresariales de la capital y otras organizaciones de la sociedad civil; sin embargo, nuevamente ese organismo falta a la verdad, ya que el 21 de noviembre se llevó a cabo una reunión por parte del Ejecutivo con este tipo de organizaciones, en donde se acordó la implementación de dichas medidas en coordinación con las personas beneficiadas y, finalmente, con las personas que recibieron las medidas cautelares. De este cumplimiento se informó oportunamente a la Comisión Nacional, que evidentemente hizo caso omiso de dicha información.
7.- La Comisión Nacional señala que el gobierno de Guerrero ha financiado a grupos de autodefensa que actúan al margen de la ley; sin embargo, omite mencionar, que este tipo de apoyo mínimo financiero, ha sido en cumplimiento de las obligaciones que se tienen en virtud de que son grupos con reconocimiento y antigüedad legalmente establecidos.
Finalmente, el secretario Martínez Garnelo reiteró el llamado de analizar exhaustivamente dicho informe, y de atender la asesoría que el gobierno de Guerrero solicitó en las primeras semanas de enero del año pasado, a fin de atender desde una perspectiva eminentemente técnica y de derechos humanos a los grupos de autodefensa, solicitud que puntualizó, hasta la fecha no ha tenido respuesta alguna por el organismo público.