La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo primero señala que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”; y en su artículo segundo indica que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.” Además, añade “no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.
A pesar de ello, sabemos que aún persisten marcadas diferencias entre los hombres y las mujeres, por diversos motivos, de ahí que el artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas haya incluido en dicho documento, como propósitos de la Organización “Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”, lo que ha dado pauta para que en la ONU se constituyera ONU MUJERES, como una Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.
Esta institución revela cifras que nos muestran el hecho de que al primero de julio de 2013 sólo un 20.9 % de las y los parlamentarios nacionales eran mujeres, lo que significa que la proporción de mujeres parlamentarias ha aumentado muy lentamente desde 1995, cuando se situaba en un 11.6%, ello de acuerdo a la Unión Interparlamentaria, lo que nos refleja un ascenso tan solo del 9.3%.
A junio del 2013, 8 mujeres eran Jefas de Estado y habían 14 Jefas de Gobierno de conformidad a la revisión mensual sobre las actualizaciones de las Naciones Unidas, ello sin considerar el triunfo de Michelle Bachelet en Chile quien se sumará al reducido grupo de Jefas de Estado y de Gobierno en el Mundo cuando asuma su segundo mandato. Por cierto esta destacada mujer fue Directora Ejecutiva Fundadora de ONU MUJERES.
En mayo de 2012, Ruanda era el país del mundo con mayor número de parlamentarias, con el 56.3% de los escaños de la cámara baja y a escala mundial, en julio de 2013 solamente encontramos 37 Estados donde las mujeres representaban menos de 10 por ciento del total de las y los parlamentarios en cámaras individuales o cámaras bajas, ello de acuerdo a las fuentes mencionadas.
Por regiones, las cifras siguen siendo muy interesantes, baste con mencionar en este espacio que el porcentaje promedio de mujeres parlamentarias entre las cámaras altas y bajas al 31 de mayo de 2012 el promedio en la región de África subsahariana, era del 19.7%; en Oriente Medio y África del Norte, 13 %; Asia, 17.9%; región del pacífico, 14.9%; en las Américas del 22.8 %; los países nórdicos, del 42 % y Europa, descontando la zona nórdica, del 21.1%.
En otros ámbitos de gobierno a enero de 2012, sólo un 17% de los cargos ministeriales o de secretarías estaban ocupados por mujeres, fundamentalmente en los ámbitos social, educativo y de salud.
La representación de las mujeres en los gobiernos locales alrededor del mundo según revela ONU MUJERES ha sido altamente satisfactoria.
En México la presencia de un mayor número de mujeres en la política ha sido resultado de la lucha que venimos impulsando desde ya hace varias décadas, y si bien hoy en las Cámaras hay un mayor número de mujeres 
legisladoras, baste observar que no tenemos una sola mujer que gobierne alguna entidad federativa, para podernos percatar de que la participación política de la mujer en nuestro país afronta aún importantes obstáculos que hay que superar.
Para ello debemos continuar impulsando en el Congreso Federal cambios a nuestra legislación electoral que procuren impulsar la participación de la mujer en la política.
En el seno de los partidos propugnar por reformas estatutarias que faciliten la participación de la mujer en el propio instituto político y su postulación a cargos de elección popular desde una perspectiva de género igualitaria, por cierto no hay una sola mujer que presida actualmente un partido político con registro.
Es indispensable también, siguiendo la recomendación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación de la mujer en la política de 2011, promover la conciencia y el reconocimiento de la importancia de la participación de la mujer en el proceso político a nivel comunitario, local, nacional e internacional; investigar las denuncias de actos de violencia, agresión o acoso perpetrados contra mujeres electas y candidatas a ocupar cargos públicos y alentar una mayor participación de las mujeres susceptibles de ser marginadas, mujeres indígenas, y mujeres con capacidades diferentes.
Hay aun voces que se alzan para desalentar la participación de la mujer en la política con el argumento falso de que no es factible conciliar la vida familiar y el trabajo, creo que sería conveniente callar esas voces con los testimonios de todas las mujeres que a diario demostramos que podemos atender nuestros hogares y desempeñar un cargo público.
Ejemplos notables de lo que afirmo, en el México contemporáneo, los encontramos en María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, mujeres destacadas que ocuparon por primera vez un escaño en el Senado de la República, logrando ser la abogada Lavalle Urbina la primer mujer en presidirlo en 1965 y ahí está también en los anales de nuestra historia la primera gobernadora del país, Griselda Álvarez Ponce de León; y no puedo dejar de mencionar a otra destacada mujer, Cecilia Soto, que en 1994 fuera candidata del Partido del Trabajo a la presidencia de la República.
Y por supuesto estamos nosotras, las mujeres que participamos de manera activa en los diversos ámbitos políticos del país.
Hoy, continúa el empeño de las mujeres mexicanas por lograr la igualdad de género y su empoderamiento.
No podemos negar el hecho de que hay avances importantes, pero tampoco podemos ocultar que la igualdad de derechos no es plena en nuestro país.
A las mujeres de nuestra época toca potencializar el papel de la mujer en todas las esferas de la sociedad, en los procesos de adopción de decisiones y el acceso al poder público, y para ello tiene que haber igualdad de derechos y de oportunidades, pues solamente así podremos aspirar a una vida democrática plena.
Para ello propongo que adoptemos medidas que garanticen a la mujer igualdad de acceso y plena participación en las estructuras de poder.
Entre ellas que los partidos políticos continúen examinando su estructura y procedimientos para eliminar toda barrera que obstruya la participación de la mujer en igualdad con los hombres.
En el ámbito legislativo local y federal, continuar impulsando las reformas necesarias para que haya un número igual de candidatas mujeres en las elecciones.
Procurar el equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos de gobierno en los niveles federal, estatal y local y en los organismos constitucionales autónomos; la judicatura; y los órganos de gobierno del poder legislativo del orden federal y local.
Vislumbro hacia el 2015 un Congreso Federal en el que prevalezca el equilibrio entre hombres y mujeres, lo contrario sería un retroceso histórico.
Imagino una República Federal que sea gobernada también por mujeres, así que espero que en los próximos procesos electorales veamos en las contiendas por las gubernaturas a muchas mujeres.
Y no descarto que en un futuro cercano, llegue a la presidencia de México una mujer.
Sin embargo, considero que en este momento las condiciones están dadas también para impulsar el desarrollo político de la mujer en el ámbito municipal.
Es ahí donde necesitamos fomentar la participación más activa de las mujeres y para ello considero que los gobiernos municipales deben contar con el apoyo de recursos de los gobiernos estatales y de la federación para proporcionar más educación y capacitación a las mujeres.
Aún persisten en nuestro México localidades en las cuales la mujer es totalmente marginada de la vida pública, inclusive, opinar sobre política puede ser motivo de violencia física hacia las mujeres y ello solo podremos erradicarlo orientando políticas públicas que atiendan el problema.