“Guerrero presenta un avance importante para poner en marcha el nuevo sistema de justicia penal en la entidad”, aseguró la secretaria técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, durante una reunión de trabajo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
En el encuentro celebrado en su despacho de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal reiteró su disposición para que este nuevo ordenamiento jurídico se ponga al servicio de los guerrerenses.
Asimismo, destacó que, sin atentar contra la autonomía del Poder Judicial, su gobierno ha invertido recursos importantes para la construcción de palacios de justicia en Chilpancingo, Tlapa, Tecpan de Galeana, Zihuatanejo, Iguala, y Ometepec, faltando Acapulco y en la región de Tierra Caliente.
Durante el encuentro, el mandatario estatal informó que ya se encuentra listo el terreno para la ciudad judicial del puerto de Acapulco, donde el gobierno federal apoyará con 120 millones de pesos para la construcción y equipamiento.
Acompañado por el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, Aguirre Rivero destacó que su compromiso es colaborar para que los guerrerenses cuenten con un sistema penal eficiente, transparente y moderno.
A su vez, la secretaria técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, reconoció el interés del mandatario para avanzar de manera significativa en la implementación del sistema de justicia penal, que iniciará en Iguala el próximo 30 de septiembre.
“Hay un salto importante, en las últimas semanas el Poder Legislativo ha aprobado diversos ordenamientos normativos que facilitarán este proceso”, dijo.
Indicó que en los próximos días los jueces, fiscales y defensores de oficio, serán capacitados en esta materia, a fin de que la ejerzan con los objetivos para lo que fue creada.
Ambos funcionarios coincidieron en sumar esfuerzos para seguir gestionando recursos para el equipamiento de las ciudades judiciales.
En la reunión, el gobernador Ángel Aguirre firmó un convenio con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, para llevar a cabo la transición del Instituto de Defensoría del Poder Ejecutivo al Poder Judicial.