Durante el evento convocado por el Natural Resources Defense Council (NRDC), Brown University y Nivela se contó con la presencia de funcionarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil de México, Costa Rica, Perú, Ecuador, Brasil y Chile, en el cual se habló principalmente del reto que tienen los países en desarrollo en América Latina para conciliar las necesidades energéticas que implica el crecimiento y desarrollo económicos, con la urgencia de reducir la dependencia de combustibles fósiles.
Gabriela Niño, de CEMDA, resaltó que en el caso de México, «existe una visión compartida por parte de redes de organizaciones que trabajan el tema de energía y cambio climático en el sentido de que existe incongruencia por parte de nuestro país entre la política energética y los compromisos de cambio climático». Recordó que si bien existe una meta de reducción de emisiones, la reforma energética que recientemente se aprobó en México no realizó las modificaciones necesarias a la legislación para impulsar a las energías renovables y la eficiencia energética y omitió la ratificación de las metas que ya están consideradas en la Ley General de Cambio Climático.
Destacó que el gobierno pretende cumplir las metas de mitigación con gas natural, el cual no es considerado por muchas organizaciones como una energía limpia pues sigue siendo un hidrocarburo convencional, proveniente del petróleo. «Seguimos siendo totalmente dependientes del consumo de combustibles fósiles. La diversificación de la matriz energética no es congruente con el discurso oficial de promoción de renovables», apuntó Gabriela Niño.
Por su parte, la Sen. Silvia Garza señaló que si bien los compromisos que México adquirió en conferencia del clima en Copenhague son aspiracionales, los legisladores están trabajando en impulsar las energías renovables. Refirió la iniciativa presentada por su partido, Acción Nacional, para la Ley de Transición Energética y señaló que se busca «democratizar la energía, promoviendo 500 mil techos solares en México, con los recursos que se destinan a los subsidios y que ascienden a 100 mil millones de pesos».
En lo que se refiere al tema de bosques y derechos de la tierra de pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales, Gabriela Niño hizo mención a que, como se vio en la Marcha de los Pueblos llevada a cabo el 10 de diciembre en Lima, Perú, las comunidades de América Latina comparten problemas comunes relacionados con las violaciones a sus derechos humanos, el acceso al agua y los despojos de sus tierras por las concesiones mineras, los mega desarrollos, así como la contaminación del suelo, el agua y el aire.
«Además de estas negociaciones globales, debemos mirar hacia lo local, cómo estamos construyendo ciudades y comunidad y cómo estamos criminalizando a los defensores ambientales».
En ese mismo sentido, la senadora Galván reconoció que uno de los problemas más graves en materia forestal en México es la tala clandestina. Por un lado, el transporte hormiga o acarreo y, por otro lado, la presencia del crimen organizado que trafica principalmente con maderas preciosas.
Los participantes en el evento coincidieron en la necesidad de que sus países avancen en la diversificación de la matriz energética, dejando de depender del petróleo e impulsando metas de renovables, vinculadas también con la necesidad de reducir el costo de generar energía, así como de ofrecer precios competitivos. Asimismo, hubo respaldo a la propuesta de Pedro Gamio, coordinador de Energía para la COP20 del Ministerio de Energía y Minas del Perú, para crear un Centro de Transferencia de Tecnología que permita a los países de América Latina avanzar en su empoderamiento tecnológico.